El fenecido gobierno de Martín Vizcarra autorizó que los gastos en la defensa de la exsecretaria general de Palacio sean cubiertos con el dinero de todos los peruanos.
Los audios en los que el expresidente Martín Vizcarra dialoga con su exsecretaria personal, Karem Roca, ofrecen un pasaje hasta hoy no aclarado. “Pero, ¿quién me pagará el abogado?”, pregunta Roca a Vizcarra. Él responde con otra interrogante: “¿Quién te lo está pagando ahora?”. Ella en tono bajo comenta: “Usted y Óscar (Vásquez, el exasesor de comunicaciones de Vizcarra)”.
¿Por qué Vizcarra y Vásquez pagaban el abogado a una servidora pública en funciones si por ley el Estado se lo puede brindar y cubrir? Nadie lo ha aclarado hasta ahora.
Roca dijo luego que, a su juicio, pretendían ponerle un asesor legal que iba a estar direccionado. Vizcarra y Vásquez trataban de blindarse ante el escándalo que estaba por destaparse y que remeció luego el escenario político, hasta debilitar la imagen presidencial.
La suerte de Miriam Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno, ha sido distinta. El Estado, con la clara anuencia de Martín Vizcarra, pagará la defensa de uno de los personajes más controvertidos en esta trama que presenció el país a través de nauseabundos audios que revelaban traiciones, relaciones personales y acuerdos para diseñar un mismo guion de respuesta ante las investigaciones por el caso Richard Swing.
Según el portal Transparencia y OSCE, el Estado abonará la suma de S/ 80 000 soles al abogado Carlos Rodas Vera, encargado de la defensa de Miriam Morales en el caso Swing. El primer abono de S/ 30 000 se generó con orden de servicio 301, el 16 de octubre pasado en Despacho Presidencial. Será desde esta unidad del Estado que se abonará los honorarios de Rodas Vera.
El Decreto Supremo N° 018-2002-PCM establece disposiciones para la defensa judicial de funcionarios y servidores públicos. Años después, el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, reglamentó la ley del servicio civil. Según el artículo 154, los servidores tienen derecho a contar con defensa y asesoría legal… ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones… La defensa se otorga previa evaluación de la solicitud.
¿Quién evaluó y aprobó la solicitud de defensa de Morales en Despacho Presidencial? La respuesta es obvia. ¿Quién manejaba el Despacho Presidencial hasta octubre pasado? ¿Después de todo lo oído en los audios y las conclusiones preliminares de la investigación fiscal debe el Estado asumir los costos de la defensa de Morales? ¿Por qué no se procedió con similar concesión con Karem Roca, otra servidora pública?
«A la señora Mirian Morales la Fiscalía no la está acusando de corrupta, no la está acusando de ser miembro de una organización criminal, no la está acusando de lavar activos. A ella la Fiscalía la imputa haber corrido traslado de una supuesta indicación del presidente para que se le brinde una oportunidad laboral al señor Richard Cisneros», ha dicho como parte de su defensa el abogado Carlos Rodas.
El 2 de octubre la jueza Sonia Bazalar, a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing (contrataciones irregulares de Richard Cisneros en el ministerio de Cultura). Allí quedó detenida Mirian Morales; la exsecretaria personal de Martín Vizcarra, Karem Roca; el exasesor presidencial Óscar Vásquez y el cantante Richard Cisneros, entre otros.
El 9 de octubre, la Primera Sala Penal de Apelaciones anuló la orden de detención preliminar. Para el juez Saúl Peña, existían elementos para continuar las investigaciones contra los sindicados, pero deben afrontar el proceso en libertad.
Pero Morales también ha sido cuestionada por haber contratado a Claudia Teresa Mere Vidal, hermana de su expareja Jorge Mere Vidal, cuando trabajaba en el MTC en el 2017. Según un informe periodístico, Claudia Mere, ingeniera industrial, realizó encuestas durante 45 días por S/ 4 500 para la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, que estaba a cargo de Morales.
De otro lado, la Contraloría investiga a la exsecretaria general de la Presidencia por obras de remodelación en Palacio de Gobierno. Remodelación que costó 2 millones 50 mil 324 soles. En un informe de Contraloría se cuestiona que se haya otorgado conformidad.
