¿Y la reforma del sistema privado de salud?

Las redes sociales traen el dramático caso de Ely, una niña afectada de leucemia que ha sido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica particular. Los padres tienen que pagar la friolera de diez mil soles diarios. Sí, diez mil soles cada día, una cantidad que pocas familias en el Perú podrían pagar por un periodo largo.

El brutal aprovechamiento del sistema privado ante el infortunio ajeno no es novedad. Tiene larga data, desde que el libre mercado impera en el Perú. Es cierto que el cuestionado régimen de Alberto Fujimori creó este sistema aberrante, pero han pasado veinte años desde entonces y gobernaron el país cinco presidentes, algunos, incluso, con tinte presuntamente “progre”, y nadie ha osado ponerle un dedo encima.

Existe impunidad casi absoluta para las clínicas. El gran escudo protector es el concepto de Libre Mercado, sin restricciones o vigilancia del Estado. Ni siquiera los organismos encargados de supervisar al sistema privado de salud puede poner coto a esos abusos porque carecen de los instrumentos legales adecuados.

La ley dice que SuSalud es la encargada de proteger los derechos de cada ciudadano peruano, pero su facultad sancionadora no abarca al ámbito económico, ni supervisa las tarifas en las farmacias donde las clínicas cobran montos prohibitivos; solo se constriñe a los temas médicos en asuntos de mala praxis o procesos indebidos.

Indecopi entra a tallar en algunos casos que afectan al consumidor, así como la Superintendencia de Banca y Seguros cuando se trata de los seguros privados, pero sus facultades son muy limitadas. Existe una “zona gris”, un “hueco”, en la legislación que permite esos cobros abusivos en el sistema particular.

Ahora que el coronavirus ha puesto en evidencia todas las deficiencias del Perú, el tema de las clínicas privadas no puede pasar desapercibido. Si las AFP requiere una urgente reforma para salvaguardar el aporte de los trabajadores, el sistema privado de salud también y a cortísimo plazo. La salud no es un negocio para enriquecer a unos cuantos. Ya basta de asaltos a mano armada a los pacientes.

Algunos podrán decir que cambiar las reglas de juego del libre mercado a estas alturas podría causar perjuicio al modelo económico y argumentar que una eventual modificación sería hasta anticonstitucional. A ellos habría que recordarle que la propia Constitución de 1993 establece en su primer artículo que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. El fin no es llenar los bolsillos a un grupo.

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