El manoseo político de la PNP

La Policía Nacional es, sin duda, una de las instituciones más manoseadas por los gobiernos de turno. Casi todos los regímenes de los últimos treinta y cinco años han acometido contra la PNP con supuesto procesos de modernización y fortalecimiento que devinieron en fracasos rotundos. Lo hicieron Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala con anuncios grandilocuentes. ¿Qué se lograron con esos procesos? Nada o casi nada. En el fondo, fueron solo pretextos para el uso politizado de la institución.

Nadie puede negar que la PNP está afectada por serios problemas desde hace muchos años y requiere de una reingeniería total con una nueva visión y estructura organizacional. Los escándalos de corrupción ocurridos a raíz de las compras irregulares durante la pandemia son una muestra flagrante de sus males. Paradójicamente, estos hechos cuestionables representan, al mismo tiempo, el fracaso absoluto de las cacareadas reformas anteriores con pretensiones hasta fundacionales.

Basta recordar el último intento que se hizo bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, durante la gestión de Carlos Basombrio y del mismísimo ministro del Interior actual, Rubén Vargas, que, a la sazón, era viceministro. Se cambió la Ley de la Policía Nacional mediante un decreto legislativo y pasó al retiro a 39 generales, muchos de la cuales retornaron al servicio después por orden judicial, lo cual demuestra que todo se hizo al caballazo, sin sustento legal ni criterio técnico, persiguiendo objetivos políticos subalternos.

El reciente anuncio presidencial sobre un nuevo proceso reformista va por ese mismo camino. Los excesos policiales y la muerte de dos jóvenes durante las recientes marchas han propiciado un contexto que está siendo aprovechado para un nuevo intento. Pero una cosa es investigar y sancionar con el máximo rigor la brutalidad policial y otra conmocionar a toda la institución en un momento de grave crisis en el país, cuando aún la pandemia agobia y la amenaza delincuencial crece para alarma de la ciudadanía. Es cambiar generales en pleno campo de batalla. Todo tiene su momento.

Esta vez la intencionalidad política ni siquiera se oculta porque va acompañado de una feroz campaña de desprestigio institucional que la PNP no se merece. Quienes han emprendido esta escalada como parte de su agenda política, no les importa el esfuerzo de miles de policías sacrificados que ofrendaron sus vidas no solo en la lucha contra la pandemia, sino en la lucha contra la subversión y el crimen. Para ellos todos son asesinos.

Pasar al retiro a un grupo de generales, no es reforma; tampoco lo es implementar con apresuramiento un conjunto de medidas elaboradas por gente que ha fracasado con sus propuestas anteriores. No es serio ni responsable emprender el proceso en un gobierno transitorio, porque la modernización de una institución fundamental en el mantenimiento del orden y la seguridad debe ser estudiada a profundidad y con el debido detenimiento. La PNP no puede ser tomado como un conejillo de indias para experimentos periódicos e interesados que solo han conseguido debilitarlo.

Sagasti se equivocó y debe apresurarse en solucionar el problema causado por su ministro del Interior. Persistir tercamente en la medida solo podría provocar reacciones muy peligrosas y lamentables para todo el país. Señor presidente, no olvide el 5 de febrero de 1975.

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