Mayo 19, 2020

¿Libertad o libertinaje de mercado?

Los abusos en los precios de los medicamentos pueden ser frenados por el gobierno. Que los funcionarios de los organismos supervisores se pongan a silbar mirando hacia otro lado, es otra cosa.

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La pandemia no solo descubre las falencias del Estado peruano, sino también echa por tierra la careta de un sector del empresariado peruano al que el bien colectivo le importa un rábano. La evidencia está en el incremento estratosférico en los precios de los medicamentos para el tratamiento del COVID-19, a sabiendas que de ellos depende la salud y la vida de un sinnúmero de personas.

Cuando una ola de protestas se levantó en un gran sector de la opinión pública, los dogmáticos del libre mercado salieron a salvaguardarlo, como siempre, con el consabido argumento de defender el exitoso modelo económico. Lo lamentable es que, desde el propio gobierno, el ministro de salud, tan socialista él, dijo que el Estado no podía hacer nada para impedir los abusos, lo cual es falso.

Instrumentos legales para frenar estos atropellos existen y hay varios. Lo que pasa es que los intereses económicos priman y el lobby pesa mucho en el Perú. Un solo ejemplo desbarata las argumentaciones de los “mercadolibristas”: la Constitución Política del Perú en ninguna de sus partes habla de libertad de mercado, sino de una Economía Social de Mercado (art. 58) que, conceptualmente, es diferente.

Es sabido que la economía social de mercado es un orden que se caracteriza por tener una política económica de mercado y, al mismo tiempo, una política social que regula a la primera. Si la Economía Social de Mercado es un mandato constitucional, ¿qué impide que lo social regule lo económico? En la respuesta está el quid del asunto.

¿Alguien puede poner en duda que en tiempos de pandemia el precio de los medicamentos (aspecto económico) debe estar condicionado a la conservación de la vida humana (aspecto social)? Se supone que nadie. Y ningún tribunal del mundo, cualquiera sea su naturaleza, podría fallar a favor de lo crematístico, sobre todo, en una situación de crisis como la actual.

Por si esta razón no fuese suficiente, existe otra consideración categórica. Quienes resguardan el libre mercado están olvidando también un aspecto primordial de la misma Carta Magna: el artículo 1 que, al pie de la letra, dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. A esos señores y al propio gobierno habría que preguntarles, entonces, a quién van a defender, ¿al libre mercado o a la persona humana?

Si los medicamentos han experimentado tremenda subida en las últimas semanas es por una simple razón harto conocida. Existe un monopolio comercial ejercido por un grupo de poder económico que maneja la gran mayoría de las farmacias del país. ¿Y la Ley Antimonopolio? Mencionamos que existen otros instrumentos para frenar la ola especulativa y allí está uno contundente. Por si fuera poco, está el Código de Protección y Defensa del Consumidor que, en varios de sus artículos, provee los mecanismos legales para frenar cualquier tipo de excesos del mercado.

En consecuencia, el gobierno puede y debe frenar estos atropellos. Que los funcionarios de los organismos supervisores se hagan los locos o se pongan a silbar mirando hacia otro lado, es otra cosa.

Pero, más allá de esas consideraciones, algo debe quedar en claro. Lo único que logran estos abusos angurrientos es facilitar más argumentos y armas a los sectores radicales que buscan, no solo cambiar el modelo económico, sino también derrumbar el propio sistema. Quien siembra vientos, cosecha tempestades.