Nov 20, 2018

La bancada de Oviedo

Hoy que está a un paso de la prisión preventiva es bueno refrescar la memoria de cómo Edwin Oviedo manejó sus relaciones con el poder político para mantener el monopolio del azúcar en el Perú, antes de saltar a la Federación de Fútbol.

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La bancada de Oviedo

Las empresas del grupo Oviedo se han convertido en verdaderas islas económicas, expresa Pablo Bustamante, en su libro Ofensiva Mercantilista en el Cañaveral, donde describe las estrategias políticas e institucionales para conseguir las siguientes leyes de protección patrimonial que exoneró al grupo Oviedo de sus deudas con el Estado y las empresas privadas.

El 4 de enero del 2013, el Poder Ejecutivo, observó la norma que permitía que las empresas azucareras de Edwin Oviedo, Pomalca y Tumán, continuarán aplicando la política de "perro muerto" (protección patrimonial) con sus acreedores, entre ellos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Sistema de Seguridad Social (Essalud), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), las AFP, los propios trabajadores y jubilados de dichas empresas y privados, según explica Pablo Bustamante.

La ley que proponían solo defendía a dos empresas en contra de todo el Perú, sin tomar en cuenta la protección patrimonial de los peruanos, especialmente la de los propios trabajadores y jubilados de las azucareras Pomalca y Tuman. Para ellos no hay defensa de derechos. Como dice Pablo, son dos empresas que tienen su propio sistema de tributación, su propio régimen legal y sus propias relaciones laborales.

La historia y las ciencias políticas llaman a la intervención del Estado a favor de un grupo económico como mercantilismo puro (utilización del Estado al margen de la Constitución y las leyes para favorecer los intereses de los amigos o un grupo determinado), en este caso a favor de las empresas de Oviedo.

Apristas, fujimoristas y nacionalistas se juntaron durante el gobierno anterior para conseguir la mencionada prórroga. Fue el congresista Jorge del Castillo, ex primer ministro del gobierno aprista, quien propuso pagar las deudas laborales privadas de Pomalca y Tumán con las acciones del Estado y el poder Ejecutivo. Un grupo del Apra y el humalismo unieron fuerzas de modo sorpresivo para aprobar en una comisión el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2001 y dio un nuevo marco de protección patrimonial a un grupo de azucareras. El documento no pudo ser visto en la Comisión de Economía por falta de quórum y se pasó de inmediato a la Agraria, donde se aprobó fuera de agenda y hoy se pretende imponerlo en el pleno.

"¿Cómo así un grupo que no pagaba sus deudas y gestiona dos empresas en las que el Estado tenía acciones desarrollaba una ofensiva brutal contra el propio Estado? ¿En qué momento se habían invertido los valores y el mercantilismo se propuso legitimarse con tanta desfachatez? La estrategia de imponer el derecho de no pagar a los acreedores y extraer el valor de las azucareras no ha prosperado aún luego de la observación del Ejecutivo, pero sí ha logrado algunos triunfos", señala Pablo Bustamante. (Viviana Ortiz)
 


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