Sep 22, 2017

Minería con problemas por resolver

La columna de Ignacio Basombrío Zender

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El Perú es un país privilegiado en materia minera. Los recursos naturales explorados y explotados son una mínima porción de la riqueza disponible. Sin duda, el sueldo del Perú (copiando la idea chilena) es la minería.

No se trata, como sostienen algunos, de exportar productos sin mayor valor como consecuencia de la explotación de los metales. Los que conocen, y aprecian con mayor ponderación, el papel de la minería en el desarrollo nacional, encuentran su aporte en la construcción de la infraestructura, en la ventana de oportunidades para la industria manufacturera y para el avance de los servicios. Lo anterior sin considerar los puestos de trabajo generados y el aporte al Estado por el pago de los impuestos. Finalmente, la minería genera moneda extranjera, indispensable para cubrir las necesidades de importación y para mantener en sólida posición a la balanza de pagos.

En el pasado reciente, por circunstancias internacionales, los precios de los minerales disminuyeron. Pero esa negativa situación se ha comenzado a revertir, en lo que constituye una buena noticia para la economía peruana.

Según el Banco Central de Reserva, "del 23 al 29 de agosto, el precio del cobre subió 3,7 por ciento a 3,08 dólares por libra. Este comportamiento se asoció a la reducción de los inventarios en las bolsas de metales de Londres y de Shanghai".

Por otro lado, según tal fuente, "en el mismo periodo, el precio del oro aumentó 2,5 por ciento a 1318,70 dólares por onza. Esta alza reflejó tanto la depreciación del dólar frente a sus principales contrapartes, como los mayores riesgos geopolíticos".

Esta semana, demostrando la importancia del Perú para la minería, se realiza en Arequipa una nueva edición, esta vez la número 33, de la Convención Minera, evento que es un referente y punto de encuentro de empresarios de los países más importantes del mundo.

En el marco de tendencias de recuperación de las cotizaciones, la oportunidad es propicia para reactivar las inversiones mineras en el Perú, para que puedan concretarse los proyectos, paralizados en buena medida por restricciones burocráticas heredadas del humalato, por exageradas políticas ambientales y por una mal entendida consulta previa, que ha politizado las relaciones entre las comunidades de la zona de influencia de los proyectos mineros y las empresas. Tales situaciones negativas deben ser abordadas, con creatividad y energía, por el actual gobierno.

Como parte de la Convención Minera se realizará una Cumbre Empresarial, en la cual se desarrollará, según los organizadores del evento, un "espacio de diálogo y análisis de los principales temas de la agenda minera nacional e internacional, orientados a los temas de competitividad y sostenibilidad de la industria minera en el Perú".

Como consecuencia de los conflictos que ha experimentado esa actividad en nuestro país, que ha conducido a situaciones de confrontación y paralización de proyectos, se han perdido posiciones en materia de confianza de los inversionistas extranjeros para comprometerse en mayor medida con el Perú. Es evidente que, cambiando malas prácticas y políticas públicas con sesgo antiminero, es posible recuperar espacio en el mercado de capitales de riesgo.

Debe tenerse presente que, por la riqueza potencial existente en el país, la minería es competitiva y, con las adecuadas tecnologías, garantiza el equilibrio ecológico y la coexistencia de la agricultura y de la actividad minera.

En ese orden de ideas, la Convención Minera otorgará una especial importancia, según sus organizadores, a los aspectos tecnológicos. Se producirá una "reunión especializada de alto nivel técnico, académico y de innovación, donde expertos nacionales y extranjeros presentan los últimos estudios científicos y avances tecnológicos aplicados a los distintos campos del conocimiento relacionados al quehacer minero".

Es importante destacar los cambios tecnológicos, que suponen mayores inversiones, pero que garantizan la protección ambiental. En el Perú se presenta la paradoja de una infernal minería ilegal, que depreda el medio ambiente, explota a menores, no paga impuestos, sin recibir la condena social y, por el contrario, contar con la actitud cómplice de grupos políticos y ONG, que pretenden, con interesados argumentos, justificar su existencia. En cambio, los proyectos, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, que cumplen con los estudios de impacto ambiental y que incorporan las tecnologías adecuadas, no pueden concretarse por la existencia de barreras de toda índole.

El análisis de las nuevas realidades mineras debería concluir en la redefinición de políticas nacionales, que permitan lograr un salto en el desarrollo del sector. El escenario complejo de las elecciones regionales del próximo año exige, sin embargo, un fino manejo político. ¿Existe capacidad y decisión del Gobierno para lograr ese objetivo?