Sep 14, 2017

Sendero Luminoso y la disputa política

La columna de David Montoya

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El 12 de setiembre se cumplen 25 años de la captura de Abimael Guzmán, de su cúpula y el derrumbe de su estructura partidaria y terrorista. Un día antes se cumple también los 25 años de la condena de Maritza Garrido Lecca. Ella fue aprehendida en la acción policial del Gein (Grupo Especial de Inteligencia) en la que se captura al “cachetón” cuando cuidaba al líder terrorista y era la pantalla de la casa donde se escondía Guzmán.

Garrido Lecca mantiene sus convicciones senderistas, pero cumplió su condena y debe salir libre. Es la ley. Algunos medios empiezan a preparar el camino del escándalo por esta liberación, pero solo queda cumplir con la ley, y a la Policía le compete, como lo sigue haciendo, no bajar la guardia con el Ovise: observación, vigilancia y seguimiento. ¿Y, los políticos y sus llamados partidos? Tienen una mayor responsabilidad en la disputa política con el senderismo. Sin embargo, como brillan por su ausencia en el terreno de lo cotidiano, la vida diaria de los ciudadanos, la universidad, los asentamientos humanos, la informalidad, solo les da para rasgarse las vestiduras. Así no enfrentamos el problema.

Los políticos y las organizaciones políticas representadas en el Parlamento o inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones solo se activan en tiempos electorales y cuando hay que aparecer en los foros mediáticos para disputar argumentos y posiciones entre rivales políticos que se encuentran dentro del sistema político. Sendero se mueve en el margen y en lo cotidiano, donde nuestro sistema legal y político no llega.

El principal error que los actuales políticos están cometiendo es no entender que Sendero Luminoso (SL) es, primero, una organización política que, en los años 80 y 90, usó métodos de terror para intentar alcanzar sus objetivos políticos y, hoy, con sus organismos generados (Movadef, Conare y otros) sigue haciendo política. En Sucesos del 15 de mayo de 2017 recordamos que diez años le costó al Estado en los 80 comprender el tipo de disputa que tenía con el terrorismo. Cuando entendió que el tema no era solo policial, militar o de restricciones legales, sino principalmente una disputa de presencia y argumentación política, las cosas empezaron a cambiar en contra del terror.

Guzmán inventó que SL a fines de los 80 ya había alcanzado el equilibrio estratégico con las fuerzas del orden porque controlaban el campo con múltiples ‘Comités Populares Abiertos’ y por eso debían empezar la insurrección urbana. Un mito senderista que el llamado ‘Gonzalo’ explica que fue producto de una falsa información de ‘Socorro Popular’.

La verdad es que SL no pudo conquistar el campo y no logró constituir su ‘Ejército Guerrillero Popular’ que, en su lógica maoísta, debió nutrirse de su trabajo en el campesino, principalmente porque los partidos democráticos de fines de los 80 e inicio de los 90 tuvieron una disputa política clara, firme y abierta en la mayoría de zonas rurales del país. Ese hecho significó múltiples asesinatos de dirigentes y militantes de los partidos de izquierda, del APRA, de AP y de otras organizaciones políticas. Junto con ello no podemos olvidar el papel de las rondas campesinas para que SL no pudiera tener éxito en las zonas rurales.

David Scott Palmer, investigador y colega docente en la Universidad de Huamanga de Abimael Guzmán, es uno de los académicos internacionales que más ha estudiado a SL. Hace unos años señaló en una entrevista: “El Estado repite errores de los 80 en el combate a SL”.[1] La información que recogió le permitió aseverar que “SL ha aprendido del pasado y ahora trabaja junto a la gente loca que conoce el terreno sobre el que se mueve y el Gobierno no ha respondido adecuadamente”.

Como los políticos y los partidos, en crisis, no están en condiciones o no quieren realizar esta disputa política en la cotidianidad de los ciudadanos, formulan e inventan leyes que restringen la presencia política de los organismos de SL en el sistema político oficial a nivel nacional, regional o local. Es claro, que se comete el craso error de creer que lo legal puede detener el trabajo político que el senderismo tiene entre manos.

Estas acciones, le cargan la tinta al Estado para que éste se encargue de resolver esta ausencia de disputarle lo político y la interpretación de la realidad nacional a SL. Surgen muchas preguntas ¿A quién, en el Estado, le corresponde este papel? ¿Al Ministerio del Interior? ¿Al Jurado Nacional de Elecciones que ya impidió la inscripción del Movadef el 2011 como partido político?

¿Acaso los ciudadanos y el Estado no tenemos representantes políticos electos por distritos electorales, consejeros regionales, regidores y alcaldes quienes deben ser los primeros en no rasgarse las vestiduras de cómo los organismos generados de SL aparecen públicamente, y ser los primeros en entablar esa disputa política en todos los terrenos?

Lo que más le conviene a SL es que nuestros políticos sigan quejándose o sigan imaginando fórmulas legales para proscribir y restringir su presencia en la política oficial. Ellos trabajan, en lo cotidiano, donde los políticos que salen en los medios no llegan. SL busca ingresar a todos los espacios posibles para acumular políticamente y ganar en la argumentación. Y, andan sueltos en plaza.