Jul 26, 2017

Repensando el Sistema Nacional de Control (2)

La Columna de César López

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Todos sabemos que el Sistema Nacional de Control (SNC) tiene tres componentes: la Contraloría General de la República (CGR), como órgano rector; los Órganos de Control Institucional (OCI), en las entidades del Gobierno Nacional; y, las Sociedades de Auditoría (SOA), como “brazos extendidos del Sistema”. 

El primero de los mencionados es, probablemente, la entidad del Estado que mayor número de reorganizaciones, reestructuraciones o reingenierías ha experimentado, pues cada titular hace la suya. Y, en algunos casos, ocurre más de un proceso en una misma gestión, con lo cual dicho contralor se reestructura a sí mismo; pues no se trata de una actualización de lo actuado, en lo que debiera ser un proceso continuo, sino de otro proceso distinto. Este proceder es el que ha servido para incrementar personal que no se refleja, por ejemplo, en acciones de control con resultados óptimos. Es decir, creció el aparato administrativo.

Sin embargo, a la luz de lo ocurrido con el excontralor Edgar Alarcón y las causales de su destitución, es claro que la CGR deberá pasar nuevamente por uno de estos procesos. Así lo ha manifestado el recientemente designado contralor, Nelson Shack quien admite que esta tomará entre dos y tres años, y reconoce, de otro lado, que la corrupción ya alcanzó a la propia CGR. 

Demás está decir que se espera una gestión proactiva; sancionadora, cuando verdaderamente corresponda, porque se generó un perjuicio; y denunciante, con sustento y el correspondiente seguimiento, en los casos civiles y penales que plantee. Su gestión debe acompañar las obras del Gobierno, pero cuidando de no involucrarse en la toma de decisiones. 

No debe generar temor en los funcionarios que deben dar su firma para el avance de los procesos, pero sí confianza en que serán imparcial y profesionalmente auditados.

Sin embargo, nada de esto es inmediato y mientras tanto la institución y el Sistema tienen que seguir operando, buscando recuperar la confianza de la ciudadanía y de los auditados.

El elemento humano, como en todo, juega papel preponderante. Básico es, entonces, desprenderse de la mayoría de los funcionarios de confianza que hayan actuado con lenidad y hasta complicidad con el contralor de turno. Los informes emitidos, con vacíos entre observaciones, conclusiones y recomendaciones, los no emitidos y los corregidos por sobre la opinión del auditor firmante, hablan por sí solos.

No debemos olvidar que muchos de los funcionarios actuales, por su experiencia, deben haber conocido las andanzas de Alarcón Tejada, pero las permitieron; fueron cómplices al no sancionarlas en las evidentes omisiones en sus declaraciones juradas. Consintieron su meteórico ascenso y su ingreso a los 37 años, sin justificar su quehacer anterior, bajo el absurdo argumento de que “por eso se llama sector privado”.

Hay un aspecto prácticamente descuidado y que debiera ser de atención inmediata: la investigación de cientos de denuncias que mensualmente recibe el Sistema, la mayoría de ellas planteadas por ciudadanos que esperan obtener una respuesta válida, aunque solo reciben evasivas, respuestas absurdas o el silencio. No se entiende entonces, para qué se publicita la protección al denunciante, si la mayoría de casos siguen pendientes de resolver.

Esto nos lleva a plantear que la Contraloría no puede pedir y absorber más de lo que su capacidad le permita. Tal como ocurrió con el pedido de Alarcón, hecho ley, para que todos los funcionarios públicos, sin distinción de ningún tipo, presenten anualmente su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, cuando ni siquiera se conocen exámenes de las que antes tenían. Estas sirven más bien de insumo para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, según se ha hecho público.

De otro lado, en cuanto a las SOA se refiere, le será fácil verificar qué entidades asignan el mismo monto, por años, para el pago de los honorarios profesionales correspondientes, de la empresa auditora que la Contraloría designe, y cómo los requisitos exigidos para los profesionales que la integran, no se condicen con la magnitud de la entidad. Esto, en la práctica, significa un casi nulo control por parte de las SOA. 

Entonces, en tanto materializa lo planteado en su exposición, debe recurrir al Congreso de manera que se expida una norma para obligar a las entidades que incrementen su presupuesto, a que asignen un porcentaje mayor destinado a la auditoría externa.

Por su parte, las SOA deberán también cumplir determinados parámetros, en cuanto a su rol se refiere, buscando obtener una representación internacional en determinado plazo, lo que las obligará al mantenimiento de estándares adecuados según lo requiere el Sistema.

Como una muestra de transparencia, en tanto el Congreso determina una mejor manera de ejercer supervisión sobre el SNC, el encargado del OCI debiera ser alguien con demostrada experiencia e imparcialidad. En ese sentido, nos permitimos proponer al CPC Walter Grados Aliaga, quien tuvo la valentía, con sólidas pruebas, de denunciar a su jefe, el contralor Edgar Alarcón Tejada, en lugar de tenerlo apartado en un OCI de un municipio distrital.

Reiteramos nuestra sugerencia respecto a que el Jefe del OCI de CGR salga de una selección que efectúe la Comisión de Fiscalización y Contraloría, bajo determinados parámetros técnicos, quizás encargando el concurso a una empresa especializada, que le sugiera una terna.

Finalmente, por el bien del país, corresponde desearle éxito a Nelson Shack en su gestión.

 

Hay un aspecto prácticamente descuidado y que debiera ser de atención inmediata: la investigación de cientos de denuncias que mensualmente recibe el Sistema (…).