Jul 17, 2017

Repensando el Sistema Nacional de Control

La Columna de César López

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Es claro que el profesional que el Congreso de la República designe como contralor general deberá enfrentar diversos escenarios, todos graves, empezando por el enorme desprestigio en el que su antecesor ha dejado a la institución rectora del sistema: la Contraloría General. Y con ello, también, el personal de confianza de Edgar Alarcón, el que definitivamente no puede ni debe ser de confianza del elegido. Todos ellos permitieron el ascenso de dicho personaje a pesar de conocer los negocios en los que se encontraba inmerso: algunos participaron de ellos, mientras que otros dejaron pasar, sin sancionar, las omisiones en sus declaraciones juradas.

Es necesario contratar una auditoría externa para que haga un examen comparativo de las respectivas declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de, por lo menos, los diez últimos años a todos los funcionarios vinculados a Alarcón. Y ¿por qué no emplear el polígrafo?, tal como lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Lo ocurrido es sumamente grave y queda plenamente justificada una acción de esta naturaleza, y nadie tiene por qué ofenderse. En efecto, no se trata solamente de los posibles delitos individuales cometidos por el excontralor, sino también de los informes emitidos durante su gestión, los modificados, los dejados de emitir, y de cuál fue su participación en cada uno de ellos.

Es evidente que las oficinas regionales de la Contraloría han fracasado en su gestión, no supieron o no quisieron cautelar los recursos públicos y se sucedieron diversos hechos de naturaleza dolosa, de los cuales hemos sido informados mediante los medios de comunicación y sus unidades de investigación. No tuvieron iniciativa propia para efectuar los exámenes que correspondían con la profundidad que debieron hacerlo en las entidades de sus respectivas regiones.

Los auditores de los gobiernos regionales o locales bajo su mando tampoco fueron adecuadamente supervisados, ni en la programación de sus actividades ni en la ejecución de sus acciones de control. Y, en los pocos casos en que los auditores intentaban cumplir su labor, fueron desprotegidos, sancionados y hasta separados de la institución. Entonces, los titulares de estas oficinas y demás funcionarios principales debieron pasar por el mismo examen propuesto en el párrafo anterior.

Hace más de siete años se expidió la norma que ordena que los presupuestos y el personal de los órganos de control de todas las entidades del Estado, previa evaluación, pasen a integrar el presupuesto y personal de Contraloría. Sin embargo, esto sigue sin concretarse y periódicamente escuchamos quejas del contralor de turno, respecto a este tema, sin que termine de finiquitarse. Entonces, hay gestiones importantes que hacer ahí para destrabar este asunto, vital para el fortalecimiento del SNC.

Además de lo expuesto, hay por lo menos otra línea de acción inmediata, que tiene relación con el proceso de la reconstrucción. Es evidente que la Contraloría no cuenta con personal suficiente para cumplir con el decreto legislativo que dispone el control concurrente sobre dichas obras. Entonces, debiera suscribir convenios con los distintos colegios profesionales regionales, para apoyarse en los especialistas de cada rama, que ellos designen, pero bajo el mando de un auditor de Contraloría con experiencia de trabajo de campo, cosa que no ocurría con Alarcón Tejada.

Se quedan algunos temas en el tintero, como la atención de denuncias, que esperamos desarrollar más adelante.

 

Es necesario contratar una auditoría externa para que haga un examen comparativo de las respectivas declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de, por lo menos, los diez últimos años a todos los funcionarios vinculados a Alarcón.