Jun 28, 2017

¿Está la Contraloría al borde del abismo moral?

La Columna de César López

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Desde la época de Víctor Caso Lay, el país no tenía un contralor general con tantos cuestionamientos como el actual, Edgar Alarcón Tejada. La última perla descubierta es que, según tres decanos de la Universidad de San Agustín de Arequipa, habría obtenido su título de contador público de manera fraudulenta. Esto genera una profunda desazón en la sociedad, dada la importancia del cargo y la magnitud de los cuestionamientos.

Sin embargo, debemos detenernos a reflexionar serenamente sobre estos acontecimientos y, de seguro, eso nos llevará al convencimiento de que todo lo descubierto en torno a Alarcón no puede haber pasado desapercibido para los integrantes de la Contraloría, en su mayoría auditores con tanta o más experiencia que el denunciante Walter Grados. Siendo esto así, quiere decir, entonces, que existe un grupo importante de funcionarios interesados en mantener oculto tan sórdido pasado, lo cual lo convierte en cómplice de los eventuales delitos. Este proceder, lamentablemente, no es reciente. 

El problema es de génesis, es decir, desde la propia elección de los contralores. Comentemos solo sobre los tres últimos: Matute (+), Khoury y el actual, Alarcón.

Recordemos que Matute fue trabajosamente elegido por el voto dirimente del presidente de la Comisión Permanente en el gobierno de Toledo. Se le cuestionaba que no tenía experiencia alguna en la labor que iba a realizar. Eso quedó demostrado en su gestión que se caracterizó por el debilitamiento de las Oficinas de Control Interno (OCI) de las entidades públicas. Es sabido que, directamente o a través de terceros, se presionaba a los jefes de OCI para cambiar informes o evitar su emisión, cuando iban en perjuicio de determinados personajes del régimen. Del mismo modo, permitió la injerencia política (ahí está Fernando Olivera presionando por la Interoceánica), y tuvo alta permisividad ante flagrantes hechos de corrupción, por ejemplo, durante la gestión de Alex Koury en el Callao. 

En el año 2008, se da el único concurso público organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros para elegir una terna como propuesta, y ser alcanzada al presidente de la República, Alan García Pérez. La comisión estuvo presidida por Richard Webb. Luego de dos propuestas fallidas es que García presenta a Fuad Khoury Zarzar, cuyo expediente ni siquiera debió superar la Mesa de Partes, pues no cumplía por lo menos dos de los requisitos ineludibles para poder seguir en carrera. Sin embargo, al igual que Matute, sin ninguna experiencia en el sector público, fue nominado para el cargo por la Comisión Permanente del Congreso. 

Ya sabemos lo desastrosa que fue su gestión. Llegó casi siempre tarde a los hechos de corrupción; reaccionó después de las denuncias de los medios de comunicación y de otros terceros; y, finalmente, declaró absurdamente que la corrupción había sobrepasado a Contraloría, cuando en realidad fue su falta de capacidad e idoneidad para el cargo las que fueron sobrepasadas.

En el 2016, Humala presentó a Edgar Alarcón, quien fue elegido contralor por la Comisión Permanente en una votación en la que las bancadas del Apra y el fujimorismo no participaron porque abandonaron la sesión como señal de protesta. Lo demás ya es historia conocida.

Una primera conclusión a la que se puede llegar es que el sistema de elección es inadecuado, porque el postulante no es chequeado con la debida profundidad. Segundo, el órgano titular del Sistema, la Contraloría General, requiere una profunda refundación, y así desligarse de aquellos funcionarios altamente cuestionados por su proceder permisivo o, por el contrario, persecutorio, y hasta invasivo con la gestión institucional, en un exceso en pleno uso de sus facultades.

De otro lado, cabría como sugerencia de control del contralor, que el Jefe y los integrantes de la OCI de Contraloría sean nominados por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, bajo determinados parámetros, de tal manera que puedan tener una supervisión técnica dentro de la propia entidad, pero que reporte a un órgano de fuera. No como ahora que el contralor tiene el privilegio de nominar su auditor interno.

Una primera conclusión a la que se puede llegar es que el sistema de elección es inadecuado, porque el postulante no es chequeado con la debida profundidad.