Mayo 29, 2017

La evolución de la criminalidad

La Columna de José Luis Gil

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Los crímenes (asaltos, robos, asesinatos y otros) de las últimas semanas y meses en todas las regiones del país, en Lima principalmente –un tercio del total nacional)–, y las insólitas declaraciones del ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre una supuesta “reducción” de la delincuencia, develan una lamentable y patética realidad: políticos y policías no tienen una visión objetiva de la problemática delictiva y, mucho menos, quieren ver y aceptar que la criminalidad está en evolución.

Es sorprendente y hasta surrealista ver reiteradas presentaciones públicas del ministro y su séquito policial en medios de comunicación con portadas de día siguiente incluidas, mostrando “logros” con capturas u operaciones policiales ejecutadas, como si estas, por sí solas, demostraran que el crimen retrocede. La realidad que se contrasta y contradice los “éxitos” policiales con los hechos criminales, demuestra que no hay involución, sino evolución clara y contundente.

Existe una diversidad de instituciones del Estado como el Ministerio Público, Poder Judicial, INEI, PNP y algunas ONG dedicadas al estudio del fenómeno criminal que utilizan como instrumento principal la estadística. Ellos enfrentan el reto de incluir en la data para el estudio, todos los delitos, modalidades, formas, personas, circunstancias, hechos y lugares, pero, cada una lo hace de acuerdo a su experiencia o interés (institucional). Por esto, los resultados resultan diversos y hasta confusos. 

Sin embargo, no debemos esperar que solo la estadística nos diga si la criminalidad avanza o retrocede. También debe reflejar cuán grave es su evolución, que solo se puede lograr con un staff de analistas estratégicos y operativos que hagan la lectura de los números, contrasten con la realidad y dicten las líneas estratégicas a seguir para conjurar el fenómeno. Los intentos aislados de algunas municipalidades e instituciones y de la propia PNP de hacer un Observatorio del Crimen, no terminan de cuajar por los mismos motivos: intereses institucionales diferentes.

En la criminalidad todo ha evolucionado: el criminal, sus métodos, los medios y la organización. El criminal ahora es más violento que hace veinte años, pues, de aquel “carterista” casi inofensivo que hurtaba en los buses las prendas o billeteras de los pasajeros, hoy se suben al transporte público con armas de fuego y asesinan a los que se niegan al “atraco”. El criminal tiene más y nuevas armas y es más violento, inescrupuloso y avezado.

Los métodos se evidencian con la mimetización, el disfraz, el “reglaje” que les provee de gran “eficacia” en sus crímenes. Los medios son modernos, como vehículos de lujo, celulares de última generación, uso de internet, laptops, motos, armas largas, etc., y, por último, la forma de organizarse. Hoy, actuar de manera organizada es una de las formas más conocidas en el mundo delictivo, porque ello les permite protegerse, lo que dificulta su identificación y captura. La aparición del sicariato, como medio de “saldar cuentas” o “sacar del camino” a alguien, se ha agudizado en los últimos diez años, y solo superado por los “aniquilamientos selectivos” de Sendero Luminoso en las décadas de1980 y 1990.

La evolución del crimen solo es posible por causa de la impunidad, que es la “matriz” o “vientre” que proporciona “nutrientes” que garantizan su crecimiento. La sensación de impunidad de los criminales es promovida por algunos funcionarios corruptos de las instituciones públicas a cargo de la lucha contra la criminalidad como son el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Instituto nacional Penitenciario (INPE) y el Congreso, entre otras.

El Poder Judicial con resoluciones judiciales cuestionables que liberan delincuentes; el Ministerio Público y su colisión permanente con la PNP por la “dirección de la investigación”; la cada vez clamorosa reformulación del Nuevo Código Procesal Penal, los abogados de mafias que tienen estrategias para entorpecer la acción de la justicia; y, por último, el hacinamiento en los penales del país en los que se ha perdido el sentido de “resocializar”.

En el caso de la Policía Nacional del Perú, vemos con indignación cómo estos actúan contra la ley y en favor del crimen, desde la formulación defectuosa de los atestados o informes policiales para el ejercicio de la justicia, hasta los casos evidentes de intercambio de favores por prebendas corruptas para facilitar el crimen y, en muchos casos, para participar en ellas.

La corrupción generalizada que funciona como “lubricante” de todas las anteriores, hace que el criminal perciba que la impunidad le favorece. En el tráfico ilegal de drogas, el contrabando, la piratería, la trata de personas y la falsificación de dinero extranjero son fenómenos que generan ingentes cantidades de dinero sucio, producto del crimen. Asimismo, genera distorsiones en el campo económico, pero lo más grave es que fortalece la criminalidad porque dichos recursos, sirven para la compra de infraestructura, vehículos y armas modernas, y más dinero para corromper autoridades.

Por todo ello, es necesario que las autoridades sinceren los datos de la evolución del crimen y se pongan de acuerdo en verdaderas estrategias para enfrentarlo. Esto implica dejar de lado los intereses políticos y personales que son tan perniciosos como la impunidad, porque de una u otra manera la inacción también contribuye al crecimiento del fenómeno criminal en el Perú, que más temprano que tarde pasará la factura social, política y judicial.