Mayo 22, 2017

Los otorongos fujimoristas

La columna de David Montoya

Compartir:

En el 2007, una publicación del Instituto de Estudios Peruanos define de manera sencilla a los otorongos congresistas: “(…) la aparición de los otorongos (políticos) que reprimen su voracidad carnívora para no atacar a sus congéneres y protegerse mutuamente en su hábitat natural del Palacio Legislativo, si tiene una fecha aproximada: la década de 1990, especialmente, a partir del golpe de Estado de 1992”. 

El otoronguismo fujimorista se instaló en los 90, sobre todo en aquello de protegerse mutuamente y obtener todos los favores y activos posibles así como el mínimo costo.

Lo primero fue cambiar el tipo de administración y el manejo cotidiano de los recursos humanos y el uso y abuso de los recursos públicos, casi como privados. El Congreso dejó de ser bicameral, se instaló primero, con 80 oficinas feudales en el CCD; luego, con 120 feudos llamados despachos parlamentarios, y, luego, con 130.

Con la administración privatista fujimorista cada congresista pasó a tener potestad, hasta la fecha, de contratar a sola firma a sus cinco o seis personas de confianza. La permanencia de estas personas pende de un hilo todos los días porque pueden ser también rápidamente despedidos. Y la facultad para contratar personal de confianza puede extenderse si el congresista es elegido presidente de una comisión ordinaria, miembro de un grupo de trabajo o de comisión investigadora.

Esta fórmula de contratar personal, que hasta ahora subsiste, produjo un grito a voces en los 90 respecto de cobros o recortes de sueldos a favor de los congresistas dueños de sus oficinas y de la discrecionalidad para contratar personal. Esto, que era la información diaria en los pasillos parlamentarios, no produjo muchas denuncias, porque los afectados con estos ilícitos temían ‒y supongo que siguen temiendo si se sigue produciendo‒ perder sus puestos de trabajo.

Congresistas que cobraban o fijaban aportes en su personal para ayudar al “funcionamiento” de la oficina en imprimir boletines, llevar regalos al distrito electoral del parlamentario, entre otras perlas. Esto no es una exageración, hay como muestra dos botones, por lo menos. El año 2016 asistimos a la denuncia y sentencia penal contra el congresista Michael Urtecho por recortes de sueldos a su personal en beneficio propio. Lo mismo, tuvimos el caso del congresista José Anaya el llamado “comepollo” sentenciado por falsificar boletas y facturas para sustentar gastos de viáticos ante el Congreso.

Pero en la función política también hubo otoronguismo. El Congreso Constituyente Democrático que Fujimori y Montesinos crearon, luego del golpe de 1992, trajo consigo una novedad: formar la Comisión de Fiscalización que hasta ahora perdura. Con esto queda demostrado que la cultura política fujimorista tiene en este y en los parlamentos creados desde los 90 un sello naranja, que ni el aprismo ni el toledismo ni el humalismo fueron capaces de cambiar por distintos factores.

La novedad de la Comisión de Fiscalización es que el fujimorismo quería mostrar a la democracia mundial que su gobierno no le temía al control político, por eso creaba ese espacio, lo que no conto fueron las letras pequeñas. La presidencia la iban a tener ellos y la Comisión en realidad se convirtió en un repositorio de denuncias donde los ciudadanos, congresistas y medios de comunicación levantan o señalaban algún ilícito y la tarea de esta Comisión era que ninguna denuncia prospere.

Es exactamente el mismo papel que hoy cumple la Comisión de Ética del actual Congreso de la República manejado por 73 fujimoristas. Ellos controlan esta Comisión y lo que se ha visto hasta la fecha es una protección en extremo del comportamiento político irregular de los fujimoristas. Fueron protegidos y salvados, por ejemplo, Kenji Fujimori y, asimismo, se declaró improcedente la denuncia contra Betty Ananculí, fujimorista acusada de mentir en su hoja de vida respecto a sus estudios secundarios y superiores. Tampoco pasó nada con los congresistas de Fuerza Popular Carlos Domínguez Herrera, Clayton Galván, Nelly Cuadros y Yesenia Ponce.

Las excusas del presidente de la Comisión de Ética son diversas: “La comisión no actúa con venganza”, “hay vacíos legales que no permiten sancionar”, entre otros; aunque el objetivo es que se siga decretando la impunidad para los fujimoristas. En efecto, hacen aparecer que son faltas administrativas, cuando en varios casos son mentiras registradas en declaraciones juradas sobre estudios o profesiones.

Si el perjurio y la mentira fueran establecidas como delitos en el código penal, simplemente la protección del falso espíritu de cuerpo del parlamento en este tipo de casos podría ser ventilado en los tribunales, y otra podría ser la historia. Esta mayoría no hará este tipo de cambios por obvias razones.

 

El otoronguismo fujimorista se instaló en los 90, sobre todo en aquello de protegerse mutuamente y obtener todos los favores y activos posibles así como el mínimo costo.