Mayo 08, 2017

Las garantías para las inversiones privadas en el Perú

La columna de Nacho

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Antes de las reformas económicas iniciadas en el Perú en los 90, más de la mitad de las inversiones eran realizadas por el Gobierno central y las empresas públicas, que sumaban alrededor de 160. El proceso productivo, de ahorro y de inversión, correspondía, por tanto, al impulso que podía proporcionar el Estado mediante las políticas de gasto público, de endeudamiento con el Banco Central de Reserva y del papel de la banca estatal de fomento para otorgar créditos en condiciones concesionales.

El modelo económico de esa época contenía marcados elementos mercantilistas como consecuencia de los subsidios al crédito, los tipos diferenciales de cambio y la protección del mercado interno, con elevados impuestos de importación.

El Consenso de Washington, establecido a mediados de los 80, significó un cambio profundo en el manejo de las políticas macroeconómicas, que fueron etiquetadas como neoliberales. Entre otros elementos, consideraban la disciplina fiscal, la apertura de los mercados y la libertad económica. Además, como factores esenciales, la libertad de movimientos de capitales y la garantía para las inversiones.

Como consecuencia de los cambios aplicados en el Perú a partir de 1990, se pusieron en vigencia los criterios del Consenso de Washington, explicitados en las políticas de los organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En tal contexto, el artículo 58° de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que la iniciativa privada es libre y que se ejerce en una economía social de mercado. Debe señalarse que un criterio semejante figuraba en la Constitución de 1979, cuyo capítulo económico fue responsabilidad primaria del Partido Popular Cristiano, con buena y calificada representación en la Asamblea Constituyente presidida por Haya de la Torre.  El PPC tenía una importante influencia del pensamiento socialcristiano alemán, cuyos ideólogos, entre los cuales se contaba el profesor Ludwig Erhard, habían diseñado el concepto de la economía social de mercado, cualitativamente diferente a la economía liberal y la estatista.

La Constitución de 1979 reconocía a la planificación democrática como un instrumento de gestión pública, capaz de articular los esfuerzos de la empresa privada con la actividad estatal. El modelo del Consenso de Washington, en una especie de movimiento pendular, dejó de lado a la planificación, en el marco de un proceso que pretendía limitar el papel del Estado en la actividad económica.

Los cambios contenidos en la Constitución de 1993, en lo que respecta al modelo económico, son importantes. Por ejemplo, el artículo 59° dispone que el Estado garantice la libertad de empresa. El artículo 62° establece la libertad de contratar. El artículo 63° de la Constitución señala expresamente que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, mediante la aplicación del principio de igualdad de trato que, complementado con el derecho de establecimiento, constituyen pilares fundamentales del proceso de globalización.

Desde el año 1991, se han establecido normas legales para promover y regular el desarrollo de la actividad económica, sustentadas en los principios de la garantía de libre iniciativa privada, del sistema de economía social de mercado y de la obligación de promover y vigilar la libre competencia. 

Otro gran cambio en la concepción económica peruana se refiere al papel otorgado a las inversiones extranjeras. En tal sentido, se han desarrollado mecanismos de arbitraje para resolver controversias, en algunos casos con resultados muy discutibles, generadas por los criterios utilizados por los árbitros, no siempre transparentes y equilibrados en su accionar profesional.

Además de los arbitrajes, el Perú se ha integrado a mecanismos multilaterales de garantía de inversiones, como un refuerzo de las disposiciones constitucionales y legales nacionales. De tal manera, los inversionistas tienen el derecho de acudir, para solucionar controversias con el Estado, a mecanismos de carácter multilateral, bilateral e interno, que otorgan garantías y protección a su inversión.

El principal de esos instrumentos es el Acuerdo Constitutivo de la Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones (MIGA) del Banco Mundial.  Además, nuestro país forma parte del Convenio Constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que actúa como tribunal arbitral.

Desde el punto de vista institucional se han establecido, con sustento constitucional y legal, los convenios que tienen carácter de contrato-ley y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil. De tal manera, solo por acuerdo de las partes, es decir del Estado y los inversionistas privados, pueden modificarse sus términos y condiciones.