Mayo 04, 2017

Desastres naturales: costos y reconstrucción

La columna de Ignacio

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Se especula con el monto de los daños producidos por los desastres naturales atribuidos al denominado Niño costero. No existen todavía cifras que puedan considerarse definitivas, con carácter oficial.  Lo posible es que, cuando se cuenten los estimados de los daños, en la práctica, los gastos resultarán mayores que los calculados inicialmente. Nos encontramos, en consecuencia, frente a un verdadero problema financiero.  

Los recursos del Estado han sido aportados por todos los peruanos y las empresas que pagan impuestos.  Desde la compra de un refresco, gravado con el IGV, hasta el impuesto a la renta son contribuciones que se realizan al Tesoro Público. En realidad, los recursos son de los peruanos y los administra el gobierno de turno.  Por tanto, su gasto prudente y austero no es un mérito sino una obligación.

 

La participación del Congreso es buena y necesaria, en el ejercicio de la función política fiscalizadora, pero puede dar lugar a la tentación de querer “cogobernar” en la ejecución del plan.

 

En ese orden de ideas, se requieren decisiones adecuadas para gastar lo necesario y hacerlo bien. Hasta ahora, lo que se conocen son aspectos institucionales sobre la manera de abordar el problema de la rehabilitación primero y, luego, de la reconstrucción.  

Considero que la primera línea de acción es la rehabilitación de todo aquello que resultó afectado, para normalizar, gradualmente, la vida cotidiana en las zonas afectadas por los desastres.  El monto de la rehabilitación es, sin duda, mucho menor que el de la reconstrucción, pero más urgente para los ciudadanos afectados. Una adecuada política de comunicación del Gobierno debería informar, de ser posible diariamente, sobre las acciones cumplidas en la rehabilitación y la forma en que estas resuelvan los problemas de los afectados.  

En tanto no se establezca el costo de los daños producidos, a partir de una clara identificación de los problemas, no pueden iniciarse acciones programadas de reconstrucción con cambio, como lo ha propuesto el gobierno. Con prudencia el ministro de Economía, señor Thorne, ha estimado la cifra en un rango entre 3 y 5000 millones de dólares. El presidente de la República, con cargo de los informes definitivos, se ha referido a un monto equivalente a 3000 millones de dólares.  

Es importante tener una visión más amplia sobre tales cifras para conocer la magnitud del esfuerzo financiero que se deberá realizar.  El COEN, que es el organismo oficial que ha estado a cargo de las acciones sobre el tema de los desastres, ha estimado los daños en 6700 millones de dólares. Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, para establecer ese monto se ha considerado la infraestructura física, como carreteras, puentes, escuelas y centros de salud; además, las viviendas afectadas por las lluvias y las inundaciones. Con el realismo propio de los expertos en seguros, el presidente de tal Asociación, señor Eduardo Morón, ha sostenido que la cifra antes mencionada puede incrementarse.

En el Congreso, y luego de un importante debate, se aprobó el proyecto del Ejecutivo para establecer el marco institucional para abordar la tarea de la reconstrucción.  Es solo el primer paso y tiene algunas limitaciones, por los cambios introducidos en el debate. En efecto, con la ley aprobada se establece el mecanismo para diseñar y aprobar el plan de reconstrucción. También, se establece la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  Se incluyen normas sobre financiamiento, participación de los Gobiernos regionales y locales y de la Contraloría General de la República.  

El Congreso se ha reservado funciones.  Por ejemplo, ratificar al funcionario designado para dirigir a la Autoridad o conocer informes periódicos sobre la marcha del proceso.

La norma tiene algunas aristas políticas y administrativas que, en un proceso destinado a prolongarse no menos de tres años, puede dificultar la eficiente ejecución del plan. Por ejemplo, las expectativas locales y regionales, unidas a procesos electorales a lo largo de todo el año 2018, provocarán la presentación de iniciativas, posiblemente irreales o electoreras, que pueden afectar la coherencia técnica y financiera del plan.  

La participación del Congreso es buena y necesaria, en el ejercicio de la función política fiscalizadora, pero puede dar lugar a la tentación de querer “cogobernar” en la ejecución del plan.

La Contraloría, según la norma, cumplirá su función y, posiblemente, el país tendrá más de lo mismo en los próximos años, en lo que respecta a ese organismo.

Destacable, sin duda, el espíritu de consenso para diseñar un mecanismo indispensable para afrontar las tareas de la reconstrucción.  Dice mucho del espíritu democrático de la oposición y de la capacidad de persuasión del primer ministro, el señor Zavala. 

La izquierda, como Poncio Pilatos, se ha limitado a lavarse las manos en este prioritario asunto nacional.